El fiscal Pedro Simón apunta contra el presidente de AFA y el tesorero. Más de 30 propiedades y otros bienes habrían sido adquiridos con fondos del fútbol argentino.
Un nuevo frente judicial golpea a la cúpula del fútbol argentino. Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que apunta a bienes adquiridos en esa provincia. La investigación pone bajo la lupa el manejo de fondos vinculados a la AFA y suma tensión a un escenario ya cargado de expedientes en distintos tribunales.
El fiscal Pedro Simón imputó a ambos dirigentes por asociación ilícita agravada y lavado de activos, al considerar que habría existido una estructura destinada a canalizar dinero hacia empresas y propiedades vinculadas al entorno de Toviggino. Según fuentes judiciales, el caso se apoya en operaciones realizadas en Santiago del Estero, tierra de origen del tesorero de la AFA.
Como parte de la causa, se solicitaron allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes, además del pedido de detención. La decisión final quedará en manos del juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz, quien deberá evaluar si hace lugar a las medidas impulsadas por la fiscalía.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la existencia de al menos 35 propiedades que estarían registradas a nombre de sociedades presuntamente vinculadas a Toviggino y su círculo cercano. Estas incluyen campos, viviendas y lotes, además de vehículos e inversiones financieras, lo que refuerza la hipótesis de una red destinada al blanqueo de capitales.
La causa se conecta con otra investigación en curso en Campana, donde interviene el juez Adrián González Charvay. Allí también se analizan movimientos de dinero y vínculos empresariales, mientras la Cámara Federal de Casación define la jurisdicción del expediente. En paralelo, el fiscal sostiene que existe riesgo de fuga, argumento central para justificar el pedido de detención.
En la imputación se menciona que Tapia habría habilitado transferencias desde la AFA hacia firmas ligadas a Toviggino, entre ellas Real Central SRL, vinculada al presunto testaferro Luciano Pantano, y otras compañías como TourProdEnter, del empresario Javier Faroni. La causa, iniciada en diciembre de 2025 tras una denuncia anónima, abre un nuevo capítulo judicial que amenaza con escalar en el corazón del poder del fútbol argentino.
