En los próximos días, la Cámara de Casación Federal se definirá sobre la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores en la mayor causa de corrupción en la historia del país.
En otro capítulo del plan de impunidad que lleva adelante Cristina Kirchner, la Sala I de la Cámara de Casación Federal, máximo tribunal penal del país, definirá antes de fin de mes la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Tras las versiones que aseguraban que la ley del arrepentido se iba a declarar inconstitucional, las redes sociales estallaron de comentarios a favor y en contra de esta posibilidad.
Por el momento la sala no tiene consenso para expedirse sobre la inconstitucional de la ley del arrepentido. El planteo de declarar la nulidad de esos testimonios fue realizado por varias de las defensas de los involucrados ya que no hay registro fílmico ni de audio de los testimonios. En caso de que se consideren nulas las declaraciones de los imputados colaboradores, los procesamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los ex funcionarios Julio de Vido y José López, y de varios empresarios, pueden cerrarse.
Uno de los que festejó el supuesto fallo fue Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner, a la que se la acusa en la causa como supuesta jefa de una asociación ilícita que operó entorno de la obra pública entre 2003 y 2015.
Los arrepentidos en la causa, que ya está elevada a juicio oral y público, son uno de los pilares fundamentales del caso que comenzó en agosto de 2018 con una importante ronda de detenciones que incluyeron a ex funcionarios del kirchnerismo, y a algunos de los más poderosos empresarios del país. De Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, fueron sólo algunos de los que la madrugada del 1 de agosto quedaron detenidos por disposición del juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio.
El eje de conflicto propuesto por las defensas –entre ellas la del ex ministro, Julio De Vido– está en uno de los artículos de la ley del arrepentido, la 27.304. Se trata del punto que sostiene que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.
Las defensas sostienen que, de acuerdo a la ley, debe tratarse de medios fílmicos o de voz. Eso ya se consultó al juzgado –hoy en manos de Marcelo Martínez de Giorgi, quien subroga el despacho de Bonadio– y desde allí se respondió que no existen ese tipo de registros. Las declaraciones ya fueron convalidadas en instancias anteriores, como la Cámara Federal de Apelaciones. En tanto que ahora será el turno de la decisión de Casación respecto de la constitucionalidad de la ley del imputado colaborador y la validez de los testimonios de los arrepentidos. La Sala que debe fallar está compuesta por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
El caso comenzó con la aparición de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, primer arrepentido en el caso. Luego de él y con el correr de los días, semanas y meses se fueron sumando otros como Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, el ex ministro de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, el empresario Aldo Roggio, el ex secretario de Obra Pública José López, y el ex financista Ernesto Clarens, entre un grupo que superó la treintena.
Aunque un elemento fundamental, los testimonios de los arrepentidos no son el único pilar del caso, en el que el propio Bonadio, había explicado en sus resoluciones que esos dichos habían sido corroborados por otras pruebas concretadas en el caso, como cruces de llamados y extractos bancarios, entre otros elementos.
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