La diputada de la Coalición Cívica repudió la ausencia de legisladores de todos los bloques, lo que imposibilitó debatir sobre el proyecto que busca impedir candidatos condenados.
Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, explotó de bronca luego de que se cayera la sesión convocada para combatir Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, describiéndolo como “el pacto más asqueroso de la democracia”.
“Cínicos que dicen que les importa luchar contra la corrupción y negocian en despachos oficiales no dar quórum para ficha limpia, reiterancia y juicio en ausencia. Hoy los corruptos, los narcos y los terroristas están festejando”, lanzó la legisladora desde el recinto.
Y amplió: “Tenemos conocimiento de cómo actúa la casta y la política en serio. Ese poder corporativo que negocia en despachos oficiales y no puede demostrar a la sociedad. Eso no es patrimonio de un solo partido, muchos de los que fuimos en la lista de Juntos por el Cambio tampoco están“.
Consideró que “yo me hago cargo de mi historia” y exigió al oficialismo: “Háganse cargo de que siendo gobierno, habiendo negociado tantas leyes, porque no son minoría: acá ustedes construyen muy fácil la mayoría. Déjense del cuentito del pastorcito de que son minoría, hay muchos que sistemáticamente votan con ustedes y no hicieron ningún esfuerzo para que vinieran hoy, ni sus propios compañeros”.
QUÉ DICE LA NORMA
El texto del dictamen de mayoría, respaldado por el PRO, establece que la inhabilitación de un candidato se activará “desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando sea confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. La confirmación por parte de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación.
Quedaban incluidos los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, el fraude en perjuicio de la administración pública y todos aquellos delitos incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en cumplimiento con la Convención Interamericana contra la Corrupción.
