La Justicia sobreseyó al agente y cerró una causa iniciada por la IGJ. El juez concluyó que no hubo engaño ni perjuicio económico para los donantes de la denominada Fundación Chocobar.
La Justicia cerró definitivamente la investigación contra Luis Chocobar y otras tres personas vinculadas a la denominada Fundación Chocobar, al considerar que no existió una maniobra de estafa ni un perjuicio económico para quienes realizaron aportes. La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42, que dictó el sobreseimiento de Chocobar, Fernando Oscar Soto, Luis Jorge Cevasco y Ricardo Daniel Galeano en una causa iniciada a partir de una denuncia de la Inspección General de Justicia (IGJ).
El fallo, firmado el 11 de septiembre y notificado este martes, estableció el sobreseimiento en los términos del artículo 336 inciso 3° del Código Procesal Penal. Además, el magistrado dejó expresamente establecido que la formación del proceso “no afecta el buen nombre y honor” de los imputados. La investigación se había iniciado en 2021 y buscaba determinar si la denominada Fundación Chocobar había captado donaciones presentándose como una entidad formalmente constituida cuando todavía no contaba con inscripción registral.
La causa surgió en el contexto de la exposición pública que alcanzó Chocobar luego del episodio ocurrido en diciembre de 2017 en el barrio porteño de La Boca, cuando, siendo agente de la Policía Local de Avellaneda, persiguió y disparó contra uno de los delincuentes que había apuñalado a un turista estadounidense durante un robo. A partir de las campañas de apoyo que se realizaron en su favor, surgió la iniciativa de crear una fundación destinada a brindar asistencia a policías involucrados en procesos judiciales o situaciones similares.
Durante la investigación se analizaron cuentas bancarias, movimientos de Mercado Pago, documentación vinculada con la constitución de la fundación y declaraciones de donantes. Mercado Pago informó que la cuenta investigada recibió 32 donaciones por un total de $69.100 entre junio y septiembre de 2021 y que los fondos permanecían disponibles, sin movimientos de salida ni transferencias posteriores. Además, declararon 25 donantes: todos señalaron que habían colaborado por solidaridad con Chocobar y 24 de ellos afirmaron expresamente no sentirse perjudicados económicamente.
El expediente también acreditó que existieron gestiones concretas para constituir la fundación. Se incorporaron testimonios de abogados que participaron de consultas para avanzar con la inscripción ante la IGJ y se verificó que el trámite continuaba activo. También hubo publicaciones en las que se ofrecía reintegrar los aportes a quienes lo solicitaran. Al analizar esos elementos, el juez sostuvo que para configurar una estafa debía demostrarse un engaño idóneo, un error provocado en la víctima, una disposición patrimonial y un perjuicio económico efectivo, extremos que no consideró acreditados en la causa.
Tras considerar agotadas las medidas de prueba, el juzgado dispuso el sobreseimiento definitivo de los cuatro imputados y dio por cerrada la investigación. De esta manera, después de cinco años de trámite, la Justicia concluyó que no había elementos para sostener que la iniciativa vinculada a la Fundación Chocobar hubiera sido utilizada para engañar a los donantes o provocarles un perjuicio económico.
