Diputados de la Coalición Cívica lo acusan de incumplir la ley de ética pública al designar a los abogados de Cristina y Echegaray en la Comisión asesora que analizará la eventual ampliación de la Corte.
Sumado al doble rechazo contundente de Juntos por el Cambio al proyecto de reforma judicial K, diputados nacionales de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió redoblaron la apuesta y este martes presentaron una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por presunto “abuso de autoridad”.
Es por la designación de Carlos Beraldi y Carlos Arslanián, como integrantes del Consejo Consultivo del Poder Judicial que analizará el funcionamiento de la Corte Suprema, cuando a la vez son abogados de Cristina Kirchner y Ricardo Echegaray, respectivamente, en causas por corrupción. La denuncia recayó en el juez federal Ariel Lijo.
“Hay muchas regulaciones por los cargos honorarios, que también tienen que cumplir con los requisitos de la ley de ética pública”, señaló el diputado Juan Manuel López, uno de los firmantes de la acusación. “Estamos haciendo lo que corresponde“, agregó la diputada Paula Oliveto, otra de las firmantes de la presentación junto a sus pares Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Héctor Flores, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.
En el texto, los legisladores le piden a la Justicia que solicite a Beraldi y Arslanian “que informen los clientes que tienen o han tenido en los últimos 8 años”, y a la vez se requiera a distintos estamentos (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Corte Suprema y a la Cámara Criminal y Correccional Federal) para que “informen los juicios en los cuales los nombrados abogados se encuentran interviniendo”.
Además, involucraron a la Oficina Anticorrupción para que solicite a todos los miembros de esa comisión el listado de sus clientes.
Los diputados advierten que hay un manifiesto “conflicto de intereses” en el caso de Beraldi, quien tiene seis recursos presentados ante la Corte como abogado de la vicepresidenta, y también con Arslanian, que representa a Echegaray en el caso Oil Combustibles.
“Resulta evidente, como lo es en tantos casos en los que se presentan conflictos de interés, que la tarea desarrollada por Beraldi y Arslanian en la esfera privada, puede colisionar, con el asesoramiento que brinda al Presidente de la Nación, y por lo tanto no debían ser parte del Consejo Consultivo mencionado. Sin embargo, el Presidente, violando la normativa vigente y la interpretación que de la misma ha hecho la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación, decidió igualmente avanzar en la nominación de ambos abogados”, completa el informe del espacio opositor.
