Fue por decisión de la Sala III de Casación. A la ex presidenta se la acusa de recaudar sobornos entre contratistas y concesionarios del Estado entre 2003 y 2015. Julio De Vido y una gran cantidad de empresarios también siguen procesados.
Información de Lucía Salinas en Clarín
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, Nelson Periotti, Carlos Wagner y Ángelo Calcaterra, entre otros empresarios, en el tramo vinculado al caso de los Cuadernos de las Coimas, donde se acusó a la vicepresidenta de ser jefa de una asociación ilícita que recaudó sobornos entre contratistas y concesionarios del Estado. En este tramo se investigó la cartelización de la obra pública a favor de un conjunto de compañías que según la acusación pagaban coimas al extinto Ministerio de Planificación para obtener diversos contratos.
Fue por decisión de la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci. Se investiga precisamente la cartelización de la obra pública a favor de un conjunto de compañías que, de acuerdo a las pruebas, pagaban coimas al extinto Ministerio de Planificación para obtener diversos contratos.
La acusación formal es por los delitos de asociación ilícita y 175 cohechos pasivos por sumas millonarias, cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública entre 2003 y 2015. Ahora quedaron firmes los procesamientos de la vicepresidenta, sus ex funcionarios Julio De Vido y Nelson Periotti, como de los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Osvaldo De Sousa, María Rosa y Gerardo Cartellone, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Javier Sánchez Caballero, entre otros.
En su resolución, la Casación rechazó una serie de planteos que se oponían a la confirmación de las acusaciones que había formulado la Cámara Federal porteña. En aquella ocasión fueron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -removidos por el kirchnerismo hace diez días de su cargo-, quienes avalaron las imputaciones que dio por corroboradas el juez Bonadio.
La acusación en este expediente sostiene que hubo “un acuerdo previo y a la división de tareas” para una distribución de la obra pública entre un conjunto de empresarios, que no se podría haber concretado “sin la intervención de los ex funcionarios imputados”.
En cuanto a los empresarios, se los señaló como partícipes “de este sistema, al igual que sus directivos o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos” a ex funcionarios kirchneristas.
A la hora de determinar qué empresas intervinieron en la maniobra, a través de la Cámara de la Construcción que presidía Carlos Wagner, se tuvo en cuenta a los empresarios que integraban un listado aportado por el financista Ernesto Clarens.
Sobre la maniobra investigada, se indicó que el “mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados”, es decir por Cristina Kirchner y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.
La acusación confirmada sostuvo que en Planificación, “por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles”.
Se remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquélla asignación, como contrapartida, “debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación”.
