El máximo tribunal aceptó intervenir en la disputa por una nueva candidatura del gobernador y le dio 60 días a la provincia para responder.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó intervención en la disputa por una eventual nueva candidatura de Gildo Insfrán a la gobernación de Formosa en 2027. El máximo tribunal declaró que el expediente presentado por la Confederación Frente Amplio Formoseño corresponde a su competencia originaria.
El planteo opositor cuestiona la cláusula transitoria cuarta de la Constitución de Formosa, incorporada luego de la reciente reforma constitucional provincial. Esa disposición establece que el mandato de las autoridades que estaban en funciones al momento de la reforma sea considerado como un “primer mandato”, una interpretación que permitiría a Insfrán volver a competir.
Desde el Frente Amplio Formoseño sostienen que esa modificación contradice la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios del sistema republicano. Según el planteo, la cláusula podría habilitar una novena candidatura de Insfrán como gobernador y una tercera postulación de Eber Solís.
La discusión tiene como antecedente directo una resolución de la propia Corte Suprema de diciembre de 2024. En aquella oportunidad, el máximo tribunal declaró inconstitucional el entonces artículo 132 de la Constitución formoseña y ordenó que su redacción fuera modificada mediante el mecanismo establecido por la propia Carta Magna provincial.
Ahora, la oposición sostiene que la reforma impulsada por Formosa no cumplió con el sentido de aquella resolución y que la cláusula transitoria fue incorporada para evitar que los mandatos anteriores de Insfrán sean contabilizados de la misma manera. Por eso, el nuevo expediente vuelve a poner el límite a las reelecciones en el centro de la discusión política provincial.
Sin embargo, la Corte Suprema todavía no resolvió que Insfrán esté impedido de competir en 2027. La decisión adoptada hasta el momento se limita a aceptar su intervención en el caso y correr traslado de la demanda al Gobierno de Formosa.
La provincia tendrá ahora 60 días para presentar su respuesta y defender la constitucionalidad de la reforma. Después de esa instancia, el expediente continuará su trámite ante el máximo tribunal, que deberá analizar los argumentos de las partes antes de avanzar hacia una eventual resolución sobre el fondo de la cuestión.
La definición podría tener un impacto directo sobre el escenario político de Formosa de cara a las elecciones de 2027. Insfrán gobierna la provincia desde 1995 y, si finalmente la Justicia avalara su candidatura, podría buscar extender nuevamente su permanencia al frente del Ejecutivo provincial; si ocurre lo contrario, el peronismo formoseño deberá afrontar una sucesión política de alto impacto.
