El canciller Pablo Quirno fue contundente sobre la presentación que hizo la expresidenta ante el Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas para denunciar una presunta persecución judicial.
El Gobierno de Javier Milei respondió por primera vez a la carta abierta que publicó Cristina Kirchner, en la que la expresidenta anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar una presunta persecución judicial. El encargado de fijar la postura oficial fue el canciller Pablo Quirno, quien cuestionó la estrategia de la exmandataria y defendió la actuación de la Justicia argentina.
En declaraciones a Radio Mitre, Quirno sostuvo que Cristina Kirchner ya fue juzgada y condenada en el país, por lo que consideró que la sentencia debe cumplirse. “Hará todas las presentaciones que quiera realizar. Somos libres de hacer lo que la señora Kirchner pretende hacer“, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la presentación realizada por la exvicepresidenta ante el organismo internacional.
El canciller también remarcó: “Ha sido juzgada, ha sido condenada en Argentina. Esa condena tiene un cargo adicional, que es la inhabilitación para ejercer cargos públicos”. En ese contexto, vinculó la iniciativa judicial impulsada por Cristina Kirchner con la situación política del peronismo y lanzó una dura crítica contra el espacio opositor.
“Acá hay todo un armado en el cual, mientras ellos siguen sin definir quiénes son sus candidatos y su propia interna, hay una cuestión atrás: quieren volver al poder para seguir haciendo lo que quisieron y encima indultar a Cristina”, sostuvo Quirno, en una de las frases más contundentes de su intervención pública.
Horas antes, Cristina Kirchner había difundido una carta abierta en la que informó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Allí aseguró que su condena en la causa Vialidad forma parte de un proceso de “proscripción política” y denunció una persecución judicial con sesgos de género. “Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política”, afirmó.
Además, la expresidenta explicó que recurrió al organismo internacional al considerar que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales. En ese marco, anunció la incorporación de los abogados internacionales Javier Borrego y Rafael Valim a su equipo de defensa para representarla en esta nueva instancia ante las Naciones Unidas.
