El piloto, actor y empresario había cuestionado el Aporte Solidario y Extraordinario creado durante el gobierno de Alberto Fernández. ARCA deberá reintegrarle el dinero tras un fallo judicial y el empresario ya formalizó ante escribano público la donación de los fondos a la Fundación Garrahan.
La Justicia falló a favor de Enrique Piñeyro en su reclamo contra el pago del Aporte Solidario y Extraordinario, conocido como impuesto a la riqueza, y ordenó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le devuelva $9.377 millones. El tributo había sido establecido en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, y el piloto, actor y empresario confirmó que destinará la totalidad del reintegro a la Fundación Garrahan.
La resolución judicial llegó después de una disputa iniciada por Piñeyro para cuestionar la validez de una parte del impuesto. El empresario había abonado el monto exigido por el Estado, pero presentó una acción declarativa de certeza para que la Justicia determinara si correspondía aplicarle el tributo. Tras una apelación, obtuvo una sentencia favorable que obliga al organismo recaudador, sucesor de la AFIP, a concretar la devolución.
Según explicó, el monto que recuperará representa aproximadamente “el 99% del pago” que había realizado originalmente. Sin embargo, advirtió que la devaluación provocó una importante pérdida de valor en términos reales. La cifra final que deberá reintegrar ARCA será superior a los $9.377 millones, ya que también se contemplarán los intereses acumulados desde el momento en que efectuó el desembolso.
La decisión de donar el dinero al Hospital Garrahan ya fue formalizada ante escribano público. Piñeyro explicó que la transferencia deberá realizarse primero a una cuenta personal para cumplir con los procedimientos administrativos y luego será enviada a la entidad. “El dinero tiene que pasar por una cuenta mía e ir al Garrahan”, explicó durante una entrevista en Infobae Al Amanecer. Además, confirmó: “Yo ya hice la escritura de donación para el Garrahan”.
El empresario sostuvo que su presentación judicial nunca tuvo como objetivo evitar el pago de impuestos ni quedarse con el dinero. Según relató, había abonado incluso los punitorios correspondientes por la demora y cuestionó principalmente el alcance temporal de la norma. Al recordar los motivos de su reclamo, criticó los mecanismos utilizados por las distintas administraciones para obtener recursos y afirmó: “No puede ser que estén pegando manotazo de ahogado”.
En ese sentido, Piñeyro aclaró que está de acuerdo con que las personas de mayor patrimonio realicen una contribución impositiva superior, aunque cuestionó la forma en que se implementan determinados tributos extraordinarios. “Yo creo que hay que pagar impuestos”, planteó, y apuntó contra la falta de continuidad de las políticas fiscales en la Argentina. También cuestionó los sucesivos blanqueos de capitales impulsados por gobiernos de distinto signo político, al considerar que generan incentivos para quienes incumplen sus obligaciones tributarias.
La elección del Garrahan como destinatario de los fondos también estuvo vinculada con su mirada sobre el funcionamiento del Estado y el financiamiento de los servicios públicos. Piñeyro cuestionó la situación del hospital pediátrico y consideró que necesita mayores recursos para equipamiento, insumos e infraestructura. “Les doy [el dinero] porque esta desfinanciación al Garrahan y la universidad pública al menos me permite redireccionar un impuesto a donde más se necesita”, argumentó.
Además, sostuvo que la salud, la educación, la vivienda y la nutrición deben ser derechos garantizados para todos los niños, independientemente de la situación económica de sus familias. “El hospital de pediatría debería cuidarse como un tesoro. Todo niño que nace tiene que tener derecho a educación, vivienda, nutrición y salud”, expresó. En esa línea, defendió un Estado con capacidad para reducir las desigualdades sociales y cuestionó lo que definió como una desvalorización de las instituciones públicas.
Por último, Piñeyro amplió sus críticas hacia la política económica y la concentración de la riqueza. Consideró que los gobiernos deberían establecer reglas tributarias previsibles y transparentes, en lugar de recurrir periódicamente a impuestos extraordinarios y regularizaciones de activos. También planteó la necesidad de discutir los límites a la acumulación de grandes patrimonios y la influencia económica sobre las decisiones políticas. “No puede ser que uno pueda acumular indefinidamente”, sostuvo.
