Diputados de la Coalición Cívica advierten que su invitación a la protesta del 1F va en contra de las funciones como funcionarios del Gobierno.
A poco de iniciarse la marcha del kirchnerismo a Tribunales para exigir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra dos funcionarios del Gobierno que, según anunciaron, participarían de la convocatoria.
Ellos son la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y el secretario de Justicia de la Nación, Martín Mena. Los legisladores acusan un comportamiento “contrario” a las leyes y reglamentos que forman parte de sus deberes.
Los integrantes de la Cámara baja y de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman y Mariana Zuvic fueron quienes realizaron la presentación frente al juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita.
En la denuncia, explican que ya en 2020 habían advertido ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que la intención del actual gobierno era “coartar la independencia del Poder Judicial de la Nación a fin de adecuarlo a sus intereses personales y políticos, atentando así contra su normal funcionamiento. Ello, a nuestro entender, configura un avasallamiento al Poder Judicial y, por lo tanto, una grave alteración del orden constitucional que afecta el sistema republicano de gobierno contemplado en la Constitución Nacional”.
Además, alegan que la coacción mencionada anteriormente comenzó en los últimos años de gobierno de la entonces presidenta y sus declaraciones “contra el funcionamiento de la justicia en general, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus integrantes, en particular”.
Luego de hacer una recopilación de declaraciones de Mena y Caamaño, (que también preside Justicia Legítima, una de las organizaciones que estará frente a tribunales), los dirigentes opositores cuestionaron sus dichos y alegaron que “excede el marco de la sana crítica democrática ejercida en el marco del derecho a brindar su opinión libremente”, en el caso del Secretario de Justicia. También sostuvieron que se trató de un aval “a mecanismos de presión directa sobre los jueces de la Corte”.
Finalmente, le piden a la justica determinar si el comportamiento de ambos funcionarios incurre en el tipo penal que se denuncia y caracterizan como “evidente” que sus conductas son contrarias “a las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de sus funciones”.
