El Congreso aprobó el pliego de María Verónica Michelli para integrar un tribunal penal de La Plata pese a que el Gobierno había intentado retirar su candidatura. Ahora la decisión vuelve a manos del Ejecutivo y juristas discuten si el Presidente puede negarse a firmar el decreto que la pondría en funciones.
La aprobación en el Senado del pliego de María Verónica Michelli abrió una controversia institucional poco frecuente en Argentina. La candidata fue avalada por la Cámara alta para ocupar un cargo en un tribunal penal de La Plata, pero el presidente Javier Milei había manifestado previamente su intención de retirar su postulación. El expediente regresa ahora al Poder Ejecutivo, donde deberá definirse si se firma o no el decreto que complete el proceso de designación.
El caso adquirió relevancia porque no existe una norma que establezca con claridad qué ocurre cuando un candidato a juez supera todas las etapas del procedimiento —concurso del Consejo de la Magistratura, propuesta presidencial y acuerdo del Senado— pero el Presidente decide no concretar el nombramiento. Los especialistas señalan que se trata de una situación excepcional y prácticamente sin antecedentes judiciales directos en el ámbito nacional.
La controversia se profundizó cuando trascendió que la objeción del Gobierno no estaría vinculada a la idoneidad profesional de Michelli, sino a su parentesco con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon. Esa circunstancia llevó a varios constitucionalistas a advertir que una eventual negativa basada en razones familiares podría interpretarse como un acto discriminatorio y contrario a los principios de igualdad consagrados por la Constitución.
Entre quienes cuestionan la posibilidad de bloquear la designación se encuentra la constitucionalista María Angélica Gelli, quien sostiene que incluso las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo deben estar debidamente fundamentadas. Según su interpretación, un presidente no puede adoptar decisiones arbitrarias y está obligado a explicar públicamente las razones que justifican una medida de este tipo, especialmente cuando afecta un procedimiento institucional ya avanzado.
Sin embargo, otros expertos consideran que el acuerdo del Senado habilita al Presidente a nombrar al candidato, pero no lo obliga necesariamente a hacerlo. Desde esta visión, el decreto final sigue siendo una atribución presidencial y el postulante no adquiere un derecho definitivo al cargo hasta que la designación se publica oficialmente. Bajo este criterio, Milei podría optar por no avanzar con el nombramiento, aunque la decisión seguiría expuesta a cuestionamientos políticos y judiciales.
La postura opuesta es defendida por juristas como Andrés Gil Domínguez, quien argumenta que una vez obtenido el acuerdo del Senado el proceso constitucional de selección ya está concluido y que el decreto presidencial constituye apenas una formalidad. Según esta interpretación, negarse a firmarlo implicaría incumplir una obligación constitucional y podría configurar una conducta irregular por parte del jefe de Estado.
La historia argentina ofrece algunos antecedentes parciales. Durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo candidatos judiciales que, pese a contar con acuerdo del Senado, vieron demoradas o frustradas sus designaciones por decisiones políticas. Sin embargo, ninguno de esos casos llegó a generar una definición judicial de fondo sobre los límites de la facultad presidencial para nombrar jueces.
Por eso, el expediente de Michelli podría transformarse en un caso testigo. Si el Gobierno decide congelar indefinidamente su designación, la candidata podría recurrir a la Justicia para reclamar una resolución. Más allá del desenlace, la disputa ya instaló una pregunta de fondo sobre el equilibrio de poderes en Argentina: hasta dónde llega la discrecionalidad presidencial y cuándo comienza el terreno de la arbitrariedad.
