En medio del escándalo por corrupción, el Gobierno anunció que el organismo dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
El Gobierno nacional anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar como organismo descentralizado y pasará a convertirse en una secretaría dependiente del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. La decisión forma parte de una reestructuración más amplia del Estado y será oficializada en las próximas horas.
El nuevo secretario del área será Alejandro Vilches, actual interventor de la ANDIS. En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, buscó llevar tranquilidad y aseguró que la medida no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Adorni justificó la decisión al señalar que la ANDIS, creada en 2017 como organismo descentralizado, acumuló con el paso de los años “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. En ese sentido, enumeró una serie de irregularidades detectadas, entre ellas pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios inexistentes, como el caso de la Fundación METAS.
Según el funcionario, la absorción de la agencia por parte del Ministerio de Salud permitirá mejorar los mecanismos de control, garantizar la trazabilidad de los expedientes y aplicar criterios sanitarios unificados. Además, destacó que la reestructuración implicará la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del área.
Pese a la disolución formal del organismo, el Gobierno insistió en que no habrá pérdida de derechos. “Repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, subrayó Adorni. Fuentes del Ministerio de Salud señalaron que el objetivo central es ordenar el sistema, transparentar el uso de los recursos públicos y fortalecer la atención a los usuarios y sus familias, sin afectar los beneficios vigentes.
La decisión se aceleró tras una auditoría interna que detectó 178 mil titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fallecidos que aún figuraban como activos, un dato validado con registros del RENAPER. A partir de ese hallazgo, Vilches inició un proceso de revisión y autorizó las bajas correspondientes, mientras el Gobierno analiza avanzar con acciones judiciales contra beneficiarios y prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, reconoció una fuente oficial.
