Qué hay detrás de la polémica decisión del presidente Pedro Sánchez.
La reciente regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España generó debate político y versiones sobre un posible impacto electoral.
En redes sociales circularon mensajes que vinculan la medida con una supuesta ampliación del padrón para favorecer al oficialismo en un momento de fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, la legislación vigente no respalda esa interpretación.
De acuerdo con la normativa electoral española, el derecho al voto en elecciones generales corresponde exclusivamente a quienes poseen la nacionalidad española y son mayores de 18 años. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que para ejercer el sufragio es necesario figurar en el censo electoral y no estar privado de ese derecho por sentencia judicial. La regularización administrativa no implica la adquisición automática de la ciudadanía.
Existen excepciones limitadas en el marco de elecciones municipales y europeas. Los ciudadanos de países de la Unión Europea residentes en España pueden votar en comicios al Parlamento Europeo y en elecciones locales, siempre que estén empadronados y hayan solicitado previamente su inclusión en el censo correspondiente.
En el caso de ciudadanos no comunitarios, solo pueden participar en elecciones municipales si su país de origen mantiene acuerdos de reciprocidad con España.
En los últimos comicios locales, pudieron ejercer ese derecho residentes procedentes de países como Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Reino Unido y Noruega, entre otros. Estas excepciones no se modifican por la nueva regularización, ya que están reguladas por tratados bilaterales y normas específicas que no dependen del estatus administrativo reciente de los migrantes.
El Gobierno explicó que la medida está dirigida a personas que llevan tiempo en el país y quedaron fuera de procesos anteriores de regularización. Para acceder, deben cumplir requisitos como haber residido de forma continuada en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no contar con antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público. La autorización concede residencia y permiso de trabajo por un año.
En ese contexto, la regularización no otorga derechos políticos automáticos ni habilita la participación en elecciones generales. Las versiones que asocian la medida con una estrategia de captación de votos se basan en interpretaciones erróneas del sistema electoral español. El debate se produce, sin embargo, en un escenario de tensión política, donde las decisiones migratorias del Ejecutivo son observadas con atención por la oposición y por sectores críticos del oficialismo.
Información de Newsweek Internacional
