El Presidente confirmó que ya está listo el proyecto de reforma judicial, pero que se dilató su tratamiento por el coronavirus.
Es una de las ambiciones del kirchnerismo desde su llegada al poder, entre tantas. El proyecto de la reforma judicial “ya está listo” según anticipó el presidente Alberto Fernández en diálogo con C5N y aclaró que será enviado al Congreso apenas termine la crisis por la pandemia de coronavirus. “Apuntará sobretodo a evitar que unas pocas personas concentren “un poder enorme”, detalló.
“Revisar el tema judicial es ver una serie de cosas: el funcionamiento de la Corte Suprema. Hay toda una discusión sobre si tienen que ser más o si tienen que ser menos. Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte, pero me gustaría escuchar a gente experta“, precisó el mandatario al ponderar la creación de una comisión especial que pueda discutir y “revisar” el funcionamiento y la cantidad de miembros de la Corte Suprema.
Y añade: “Nosotros ya tenemos hecho el proyecto de ley para la reforma judicial. Cuando lo anuncié el primero de marzo estaba listo, pero nos sorprendió el coronavirus. Tengamos presente que todo este tiempo el Congreso no sesionó. No por culpa de nadie, pero seguro que no por culpa nuestra. Porque tenemos una pandemia. Recién la semana pasada hicieron las pruebas en Diputados y el Senado“.
Sobre la reforma en sí, adelantó que “intenta resolver el tema penal fundamentalmente, y el tema contencioso administrativo, civil y comercial federal“. Y tiró una advertencia a la oposición: “Espero que acompañen“.
En ese sentido, el Presidente agregó que pretender instalar un “Consejo Consultivo como fue el que (Raúl) Alfonsín puso en su momento para la consolidación de la democracia“. Dijo que se debe revisar “la Ley de Organización Judicial, que es un decreto Ley que viene de los años de la Revolución Libertadora, la Ley de Recurso Extraordinario. Ver cómo funciona. Me da la impresión de que ha demostrado debilidades“.
“Quedó evidenciado en ese proceso que creo que era de Misiones donde revisaron una sentencia de once años de prisión y la absolvieron por inocencia. Estuvo todo el proceso preso. Hay que revisarlo“, insistió Fernández y completó: “Hacen faltas otras reformas. Lo ideal es tratar un sistema judicial que funcione“.
El periodista cuestionó la manera en que el Gobierno afronta la crisis sanitaria y señaló que el presidente “está entre la pandemia y la economía y no soluciona ninguna”. También lanzó dardos a la vice.
“AlbertoFernández está entre dos líneas que no maneja: la pandemia y la economía. No pueden ser manejadas por una sola persona. El nunca fue un estadista, es más un secretario“, afirmó Jorge Lanata en una entrevista con TN, en medio de la crisis desatada por la pandemia y el discutido accionar del Gobierno en medio de un sinfín de irregularidades.
El periodista consideró que el presidente “llegó al poder por alguien con muchísimo más volumen político”, en relación a Cristina Kirchner, sobre quien aseveró con dureza: “Tiene un problema psicológico que no sé bien cuál es pero es una persona que no está bien“.
A la hora de analizar las decisiones que tomó el mandatario en momentos de crisis, el conductor de PPT insistió con que “es un secretario que de golpe se encontró en el medio del palacio”. “Tiene actitudes de secretario como querer ordenar, administrar, repartir; y se encuentra del otro lado con un vendaval que a veces pasa y a veces no. La pandemia es la peor de las pruebas que se le puede poner. Porque él puede estar contento los primeros dos meses porque subió en las encuestas pero eso dura un soplo y puede terminar en cualquier momento“, sentenció.
A casi dos meses del inicio del aislamiento, Lanata consideró que Alberto “al comienzo manejó bien” la situación pero que “en un momento se encontró en la encrucijada de ser un gobierno sanitarista o un gobierno”. “Hoy está presionado por la economía para abrir y también por la salud para que no haya muertes“, advirtió.
El locutor también criticó la última decisión de flexibilizar la cuarentena con una mayor cantidad de comercios abiertos: “Ojalá aparezca con pocas muertes por día. Hasta ahora ganamos tiempo sólo para poner camas. Y después de la enfermedad va a haber mínimo dos meses más de cuarentena. El Gobierno no lo dice porque no quiere desanimar más a la gente“.
Por otro lado, al ser consultado sobre qué gestión elegiría entre los cuatro años de Mauricio Macri y lo que va del actual, el periodista opinó que “están empatados” porque en ambos “hubo situaciones irregulares o confusas” y recordó el reciente escándalo por los sobreprecios que se pagaron en una licitación que realizó el Ministerio de Desarrollo Social. “Los dos aumentaron los planes sociales y los subsidios. Macri no tuvo un plan económico y Alberto tampoco lo tiene. Los gobiernos no son tan distintos”, cerró.
Por decreto y con el argumento de la crisis sanitaria, Alberto Fernández habilitó al jefe de gabinete a reasignar partidas sin límites y sin el aval del Congreso. Juntos por el Cambio advierte que se está violando la Constitución.
El espacio de Juntos por el Cambio denunció en las últimas horas un avance inconstitucional del Gobierno nacional sobre el Congreso con la excusa del coronavirus: se trata de una de las prácticas más cuestionadas del kirchnerismo que ahora el presidente Alberto Fernández volvió a retomar, el manejo de los recursos presupuestarios sin límites ni control del Parlamento.
Tajante, la dirigencia de Juntos por el Cambio rechazó esta decisión del oficialismo: “Chau Parlamento. La Plata de toda la sociedad en manos de un funcionario. ¡No a la anulación de toda la institucionalidad argentina!#QueNoLaUsenSinControl“, se descargó la ex ministra de Seguridad y Presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
En el decreto de necesidad y urgencia 457/2020 que se dictó el domingo pasado, el Poder Ejecutivo no sólo aumento en 498 mil millones de pesos el gasto público, sino que además suspendió por este año el tope del 5% que establecía el artículo 37 de la ley de administración financiera para reasignar las partidas del presupuesto. De este modo, a partir de ahora el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, podrá disponer de “superpoderes” presupuestarios para administrar los recursos públicos a discreción.
“La pandemia no puede ser una excusa para eliminar de un plumazo las instituciones de la República. Al Congreso, cuando retome las sesiones, no le van a quedar prácticamente facultades”, advirtió por su parte el diputado y jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo.
Digamos la verdad. El Congreso Nacional se ha convertido en una institución que funciona con carácter de excepción, en materia penal y tributaria. El abuso de los DNU lo aniquiló. Es casi lo que la realeza a las monarquías constitucionales. Una formalidad. https://t.co/tM0VcgOjlz
“La atribución que se le ha conferido al jefe de Gabinete implica transferirle las atribuciones del Congreso, debido a la eliminación del límite previsto en el suspendido artículo. Ahora, el jefe de Gabinete podrá reestructurar la totalidad del presupuesto. A mi modo de ver, esa atribución constituye un exceso que la torna inconstitucional”, agregó a LA NACION el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina.
El legislador anticipó que este martes presentará junto a Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro, un proyecto para dejar sin efecto la suspensión del artículo 37 de la ley de administración financiera que impuso el Gobierno por DNU. “Digamos la verdad. El Congreso Nacional se ha convertido en una institución que funciona con carácter de excepción, en materia penal y tributaria. El abuso de los DNU lo aniquiló. Es casi lo que la realeza a las monarquías constitucionales. Una formalidad”, agregó Laspina en su cuenta de Twitter.
“El Gobierno directamente suspendió ayer por decreto la Ley de Administración Financiera para todo 2020 y se arrogó superpoderes presupuestarios ilimitados. Además de no tener el país presupuesto 2020, asume ahora el Presidente las facultades del Congreso”, cuestionó, por su parte, el radical Alejandro Cacace , miembro de la Comisión de Presupuesto.
Aunque hace unos meses fue beneficiado con la prisión domiciliaria, el ex vicepresidente está inhabilitado por la condena que tiene por el Caso Ciccone. ¿Una vez más la impunidad triunfa?
Amado Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 4: la Justicia lo encontró culpable de haber cometido los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo al haber adquirido de modo irregular la ex imprenta de billetes Ciccone Calcográfica. Fue a la cárcel en agosto del 2018 y tras una serie de hecho inexplicables, hoy está gozando del arresto domiciliario y encima volvió a trabajar como asesor del Estado.
Este lunes trascendió que el ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular de la ANSES es el nuevo consejero económico del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Así lo ratificó el propio mandatario provincial en una entrevista con la radio AM 530.
“Boudou va a ir a la vanguardia… Tengo un aprecio personal por él. Y ayer me emocionó verlo. Verlo con sonrisa. Si me está escuchando quiero mandarle un saludo. Me ayudó mucho cuando estaba en la ANSES”, contó el funcionario, quien se mostró muy contento por tener cerca a uno de los mayores corruptos de la gestión kirchnerista.
La noticia ya desató una gran polémica en la opinión pública informada de La Rioja, y también en legisladores de esa jurisdicción. Una de las primeras en criticar la vuelta de Boudou al trabajo estatal, más allá del fallo del Tribunal Oral Federal 4, fue la senadora nacional María Clara del Valle Vega. Entrevista en Clarín, indicó que lo anunciado por Quintela “es una aberración. Muchos trabajamos para que se haga Justicia con gente como Boudou, que fue condenado. Y que además no está libre, sino que está preso pero en su casa”.
“Lo que confirmó Quintela habla muy mal de nosotros. Pareciera ser que, en plena pandemia, para las personas que ocupan cargos en los Poderes Ejecutivos vale cualquier cosa. Tenemos que recordar que el caso Boudou empezó además con el cobro irregular a la provincia de Formosa para renegociar su deuda. El gobernador dijo que ahora Boudou es asesor suyo, veremos si sale algún decreto sobre este tema. A eso hay que sumarle que la medida de estatizar la deuda solo de los empleados estatales riojanos es una medida inadmisible para una provincia que está endeudada casi hasta el default”, agregó.
Aunque faltan algunos retoques, el proyecto de ley K se presentará tras la primera sesión virtual de la Cámara Baja. El gravamente alcanzaría a 12.000 personas y permitiría recaudar entre 3.500 y 4.000 millones de dólares.
La Cámara de Diputados avanzó en los ajustes técnicos de la plataforma digital y en la capacitación de sus legisladores para afrontar la primera sesión virtual de la historia del cuerpo legislativo, que se concretará esta semana en caso de que resulten satisfactorias las pruebas tecnológicas del sistema.
Dentro del paquete de iniciativas que busca aprobar el Frente de Todos se encuentra el famoso impuesto a la riqueza, impulsado por el diputado Máximo Kirchner y redactado por su par del Frente de Todos Carlos Heller: aseguran que ya está listo para ser debatido y posiblemente todo el resto de la banca oficialista vote a favor. El nuevo gravamen apunta a las grandes fortunas del país para atender los gastos en salud ante la emergencia del Coronavirus.
La decisión es que la iniciativa ingrese formalmente por mesa de entradas de la Cámara baja apenas Diputados logre sesionar de manera virtual. Desde el entorno de Heller afirman que aún quedan dudas con el nombre de la iniciativa. Hoy por hoy es: “Tributo Extraordinario para Morigerar los efectos de la Pandemia de Covid-19”. Quizá en vez de ‘Tributo’ sea “Aporte Extraordinario”, cuentan esas fuentes.
En datos más precisos, el proyecto fija un gravamen ascendente del 2 al 3,5% a todos los argentinos que declararon tener más de 200 millones de pesos al pasado 31 de diciembre. Los afectados serían alrededor de 12.000 personas y la alícuota irá subiendo por escalas. Los que hayan declarado entre 200 y 400 millones deberán tributar 2%. Y se va acrecentando de a medio punto hasta los $ 3.000 millones. A partir de ahí se tributará el 3,5%.
Desde el oficialismo creen que de esta manera podrían recaudar entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, que al cambio oficial serían más de 234.000 millones de pesos.
La intención es darle un tratamiento veloz en Diputados, pero previamente deberá discutirse en la comisión de Presupuesto que preside el propio Heller. Después en el recinto. Aunque para su aprobación se requiere de una mayoría especial (129 diputados) por tratarse de un impuesto con una asignación específica, en la bancada del Frente de Todos aseguran que cuentan con los votos necesarios.
El plan B que analiza el kirchnerismo en caso de que el nuevo impuesto quede trabado por algún amparo judicial, es que el tributo sea tomado como “crédito de impuesto a las ganancias”. “Permitiendo que dicho crédito no prescriba y se ajuste por inflación, pudiendo ser aplicado al pago del impuesto a las ganancias para los vencimientos de declaraciones juradas a partir de 2024, con un tope anual del 24% del impuesto anual determinado“, indican.
En la bancada del Frente de Todos de Diputados aseguran desconocer esa “sugerencia”. Y agregan: “Sería cambiar el espíritu de la ley. Lo que estamos proponiendo es un aporte extraordinario, no un adelanto de impuestos”. Igual, admiten, el texto podría sufrir modificaciones en caso de que en Diputados reciban “órdenes de arriba”.
Fue secuestrado por agentes secretos israelíes en Buenos Aires, donde se había ocultado tras escaparse de Alemania. El testimonio de Julian Schvindlerman, analista político y profesor de la Universidad de Palermo en Le doy mi Palabra.
Este lunes 11 de mayo se cumplen 60 años de la histórica captura del arquitecto del Holocausto nazi, Adolf Eichmann, a manos de agentes secretos israelíes en Buenos Aires, donde se había ocultado tras escaparse de Alemania. Fue trasladado a Israel, donde fue juzgado y ahorcado por crímenes contra la humanidad.
Julian Schvindlerman, analista político y profesor de la Universidad de Palermo narró quién fue este criminal y qué rol ocupó durante el genocidio. “La importancia radica en que Eichmann era uno de los jerarcas de alto rango nazi más importantes. Luego en el periodo de posguerra estuvo prófugo internacional como criminal de guerra. Fue quien organizó la conferencia en la que se adoptó el exterminio de los judíos; logra fugarse, llega a la Argentina y vive con una identidad falsa hasta que el servicio secreto israelí da con él”, narró el licenciado.
Y continuó: “Esto expuso el hecho de que Argentina cobijaba criminales de guerra y también hay un elemento para considerar, que tiene que ver con cómo repercute en la comunidad judía argentina. Lo importante es la captura de un nazi en lugares donde la justicia tradicional fracasaba, pero que se hizo una justicia histórica en cuanto a juzgar y condenar a un genocida de esta estatura”.
Schvindlerman contó que vivió un tiempo en Washington y entrevistó al agente israelí autor de “Eichmann en mis manos”, que luego falleció. “Su libro es muy completo, lleno de anécdotas; dice que Eichmann supo instantáneamente que eran isralíes quienes lo estaban capturando. Lo tuvieron varios días secuestrado en una casa refugio. La operación fue cinematográfico. La delegación diplomática israelí que vino a la argentina no estaba al tanto de este operativo. Cuando salen del espacio áereo argentino les informan de que Eichmann estaba siendo trasladado en ese avión”.
El pacto de gobierno entre los Fernández ha cobrado un nuevo sentido a partir de la aparición del coronavirus: Cristina se quedó con la corona y Alberto con el virus.
La pandemia le ofreció al peronismo gobernante una nueva semántica para el mismo esquema de poder. En este reparto, Cristina Kirchner pasó a administrar las cajas más cuantiosas del Estado y a Alberto le tocó la gestión de la pandemia.
Hasta ahora, el acuerdo les ha rendido excelente frutos a ambos: una, maneja el poder real y el caudal simbólico del proyecto, mientras el otro se monta a horcajadas de los epidemiólogos para alcanzar un nivel de popularidad al que no habría llegado en tiempos normales, si ese término pudiera aplicarse a la Argentina.
El principal problema de Alberto Fernández es que, al quedar en el centro de los reflectores, se ven también aquellos mecanismos turbios que solían ocultarse tras bambalinas. Fue lo que sucedió con el affaire de los sobreprecios en las compras de alimentos para los más necesitados.
Todo el mundo pudo ver que la credencial de honestidad de Daniel Arroyo estaba vencida y sin chances de renovación. Lo mismo sucedió con la asistencia social que debía dar el renunciado Alejandro Vanoli, con las postergadas promesas de créditos a tasa cero, la ayuda a las Pymes, la colaboración para pagar sueldos de empleados del sector privado y el acceso al IFE.
Acaba de iniciarse un nuevo capítulo en la saga de las irregularidades a la sombra de la pandemia: los test comprados a China son defectuosos. Cada palabra de esta última frase merece una aclaración. En efecto, voceros del gobierno pretendieron restarle importancia a este episodio, alegando que no se trató de una compra, sino de una donación.
En primer lugar es necesario aclarar que los test no han sido donados por China. Fueron comprados y pagados hasta el último centavo por Petroquímica Cuyo, a instancias del gobierno nacional, a la empresa China Zhuhai Livzon Diagnostics. La empresa argentina pagó 700 mil dólares por 170 mil test.
A pesar de que otros países como la India, por ejemplo, prohibieron el uso de estos dispositivos chinos, o los devolvieron como hizo España, el gobierno argentino decidió utilizarlos a sabiendas de que eran defectuosos. Esto podría representar un delito gravísmo.
La legislación prevé que si un particular contagiara a sabiendas a otras personas podría ser condenado de acuerdo con el artículo 202 del Código Penal, que prevé penas de entre tres y 15 años de cárcel para la persona que “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Ahora bien, si el mismo delito lo cometiera el Estado, se trataría de un delito de Estado. Los test son aplicados en estaciones de transporte público con el fin de conocer el estado de salud de la comunidad y, de acuerdo con esos resultados, planificar las políticas de aislamiento o apertura social.
Si esos test defectuosos permitieran que personas infectadas circularan como si estuvieran sanas o, al contrario, personas que han desarrollado anticuerpos se vieran obligadas a aislarse, el gobierno estaría exponiendo a la sociedad a un contagio masivo de proporciones bíblicas y a un sufrimiento económico sin precedentes.
En medio de estas desventuras sanitarias, Alberto Fernández se permitió dictar cátedra de salud pública nada menos que a Suecia. ¡Suecia!, el país con el sistema de salud más avanzado del planeta. Los representantes del kirchnerismo ostentan una tendencia irrefrenable a practicar el ridículo y poner la cabeza en la guillotina sin que nadie los obligue.
Así como el inefable Aníbal Fernández ofreció a la posteridad la inolvidable frase “en Argentina hay menos pobres que en Alemania” y será recordado sólo por eso, Alberto quiso arrebatarle su lugar en el podio. Dijo sin que se le cayera la cara de vergüenza que si Argentina siguiera ciertas recomendaciones hoy estaría como Suecia.
En efecto, Suecia adoptó una política de salud pública que pone en el tablero todos los factores que la componen: la salud psicológica, la incidencia de la economía en las enfermedades y los costos y beneficios del aislamiento total.
De acuerdo con un análisis de largo plazo, el gobierno sueco decidió llevar adelante un aislamiento vertical en el que se permiten varias actividades, se limitan otras y en cualquier caso, se preserva a los más expuestos: los ancianos y quienes presentan comorbilidades.
Parafraseando a Aníbal, Alberto dijo “En Argentina hay menos muertos que en Suecia”. Nadie está en condiciones de afirmar que esto sea realmente así. En primer lugar porque Argentina está entre los países que menos miden y esas pocas mediciones se hacen con test defectuosos. Pero se conocieron algunos números que deberían congelarle la sangre al presidente.
En el barrio 31, en pleno Retiro, el 67% de la población está infectada. Algo semejante sucedería en la villa 1.11.14 y el resto de los asentamientos porteños.
¿Es un problema exclusivo de la Capital? No, sencillamente, el gobierno porteño decidió medir estos barrios. Ahora bien, qué pasaría si Axel Kicillof midiera barrios como La Cava, en San Isidro, o Puerta de Hierro en La Matanza o los centenares de barriadas pobres desperdigadas en la provincia de Buenos Aires.
Ya conocemos la tendencia de Kicillof a no contabilizar nada relacionado con los pobres para no estigmatizarlos. Es un momento crítico. El aislamiento se está flexibilizando justo ante las puertas del invierno, en el momento en que mayor cantidad de contagios y muertes se registran y en la antesala del pico.
El presidente ya ha caído en varios de los clásicos del kirchnerismo. No sería una buena noticia que Alberto Fernández cediera a la tentación de crear un Indec del coronavirus para evitar el ridículo de haber desafiado a Suecia.
El gobernador boonaerense se alineó al mensaje del presidente, que al prolongar la cuarentena el viernes pasado le dio un mensaje a la oposición: “No me van a dar el brazo a torcer”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que de ahora en más van a poder abrir nuevas industrias y empresas en medio de la cuarentena que rige en todo el país por el avance del coronavirus, aunque dejó en claro que “no vamos a aceptar presiones”, en referencia a los pedidos de algunos sectores de la oposición para que se reabra totalmente la economía frente a la grave crisis que atraviesan las pymes y por ende millones de familias.
“En Gran Buenos Aires, el que quiera presionar y abrir todo está poniendo en riesgo a los demás. No volvemos a lo que era antes porque los países que así lo hacen tienen que lamentar miles de víctimas fatales. No vamos a aceptar ninguna presión , que además es perjudicial. La mayoría de la población usa la cabeza y quiere cuidarse“, sostuvo el funcionario, que a la vez recordó que la Provincia tiene 1800 asentamientos: “Estamos cuidando a los sectores populares, medios y altos. Hay que ir con muchísima cautela. Si cometemos un error se lamenta en vidas“.
Además, el mandatario bonaerense afirmó que no habilitarán grandes cadenas comerciales, solo negocios de cercanía en el Conurbano. En tanto en el interior señaló que se redujo el contagio de modo eficaz. “Hay supervisiones férreas para el ingreso de cada pueblo. Se permiten actividades comerciales y de esparcimiento en comunidades donde el virus no circula”.
A los reclamos de la oposición se suma la del abogado constitucionalista Daniel Sabsay. “Semejante intrusión debe ser el resultado de la deliberación en el Congreso”, alertó.
Durante la conferencia en la que confirmó la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo, el presidente Alberto Fernández anunció que aquellas personas que se encuentren exceptuadas para ir a trabajar deberán instalarse en su teléfono celular la aplicación “CuidAR”. Será obligatoria, servirá para realizar un «autocontrol» sanitario y valdrá como una declaración jurada.
Aunque la medida obtuvo el visto bueno por tratarse de una “tecnología puede ser muy útil en esta fase de la pandemia, para rastrear posibles contactos de los contagiados y, llegado el caso, aislarlos”, desde la oposición también alertaron por la cantidad de información personal que la App almacena y por el uso que podría darle el Estado.
PEDIMOS MÁS TRANSPARENCIA EN EL USO DE LA APLICACIÓN “CUIDAR”
— JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) May 10, 2020
Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio consideraron que al ser obligatoria y al no existir una explicación detallada de sus alcances, sería recomendable que un comité de expertos analice la aplicación desde su código fuente. A su vez, reclamaron la presencia de fiscales informáticos en los centros de monitoreo y la participación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, ya que son los únicos autorizados en nuestra legislación para intervenir en el seguimiento y geolocalización de las personas.
En esa línea se expresó Daniel Sabsay, abogado consititucionalista, quien alertó por una “seria intromisión de nuestra vida privada” y criticó al Gobierno por el modo de imponer la medida a través de un decreto de necesidad y urgencia, sorteando el debate en el Congreso.
La obligación presidencial de bajar una APP que monitoreará nuestros movimientos debe hacerse por ley. De ninguna manera a través de un DNU pues importa una seria intromisión en nuestra vida privada. Semejante intrusión debe ser el resultado de la deliberación en el Congreso.
“La obligación presidencial de bajar una APP que monitoreará nuestros movimientos debe hacerse por ley. De ninguna manera a través de un DNU pues importa una seria intromisión en nuestra vida privada. Semejante intrusión debe ser el resultado de la deliberación en el Congreso”, insistió en Twitter.
Cómo funciona
-La aplicación se encuentra disponible para iOS y Android, y para registrarse sólo es necesario ingresar el DNI. Luego comenzará el autoexamen.
-De confirmarse que la persona posee el virus mediante un análisis de laboratorio, la aplicación detalla las medidas de cuidado. Se acompaña al paciente en esta etapa con la cuenta regresiva del aislamiento total por 14 días, y se habilita la opción para que solicite ayuda si no tiene quien lo asista.
-Al mismo tiempo, la información llegará a los comités de emergencia de salud de cada provincia y se tomarán las medidas necesarias, con la eventual atención médica.
-Si el autoexamen da negativo, la aplicación refuerza los consejos de prevención. Luego de 48 horas, la aplicación solicitará un nuevo autotesteo.
-Si el usuario realiza una tarea esencial, el resultado del testeo se vincula automáticamente con el CUHC en la misma app a través de un código QR; o puede mostrarlo junto al certificado para circular emitido por el empleador.
No fueron en vano las protesta masivas y extendidas de los cacerolazos. No cayeron en saco roto los cientos de miles de firmas en change.org. No pudieron hacerse los tontos frente a los gritos que aparecieron en las encuestas con el 83% de los argentinos repudiando la excarcelación frívola e irresponsable de asesinos, violadores y saqueadores.
El presidente Alberto Fernández que al principio había encontrado razonable la suelta de presos, tuvo que dar marcha atrás y les transfirió la responsabilidad a los jueces. Lo mismo hizo Axel Kicillof. Se sacaron de encima la papa caliente que les hizo pagar un alto costo político. Pero la Asociación de Magistrados, les respondió haciéndolos cargo a ellos de la resolución de fondo de estos dramas que es la construcción de cárceles amplias y adecuadas.
Muchos intentaron desde el cristinismo, culpar al periodismo de haber agitado este tema. Pero lo cierto es que quedó claro ante la opinión pública que el plan sistemático para excarcelar delincuentes fue ideado y ejecutado por funcionarios y militantes del kirchnerismo. El marco político y teórico fueron aportes de Cristina y Zaffaroni, respectivamente. Pero el jefe de operaciones fue Juan Martín Mena, el actual vice ministro de Justicia. Y la cara más visible, por lo grosero de su sobreactuación fue el juez Víctor Horacio Violini.
La inmensa mayoría de la sociedad no se quedó callada. Hizo todo lo que estaba a su alcance para rechazar semejante decisión por peligrosa e irracional. Y eso generó por lo menos tres grandes decisiones positivas.
1) La Suprema Corte bonaerense falló contra la liberación masiva de presos y ordenó que sean los jueces naturales los que intervengan en estos casos.
2) Usina de Justicia pidió el juicio político, es decir el primer paso hacia su destitución, del juez Violini.
3) la oposición de la provincia presentó un proyecto para formar una comisión legislativa para evaluar la actuación de cada juez en esta circunstancia, con la idea de sancionar a los magistrados que hayan violado la ley.
Es decir que desde el máximo tribunal provincial, desde uno de los organismos de derechos humanos más prestigiado de la sociedad civil y desde la política, con diputados y senadores, se hicieron eco de la exigencia del ciudadano común. Todo eso es una buena noticia.
Que la sociedad se haya comprometido y no se haya resignado. Que la justicia haya reaccionado para custodiar el cumplimiento de la ley, que las asociaciones civiles hayan jugado a fondo y que los partidos políticos opositores se hayan sumado aportando su granito de arena.
Así funciona la democracia. Pero vamos por partes: La Suprema Corte primero aceptó el recurso de queja que presentó el fiscal general, Carlos Altuve. Y hoy se pronunció en forma contundente contra la salvajada que hizo el doctor Violini y ordenó que se deje sin efecto su fallo del “habeas corpus”, masivo que en un minuto y con su sola firma mandó 700 detenidos a su casa. La Corte también respaldó lo obvio: que son los jueces naturales los que tienen que entender en estos casos. Porque es lo que marca la ley y porque son los que mejor conocen la realidad de cada preso. El dictamen que había aportado el procurador general bonerense, Julio Conte Gran había solicitado la revocatoria.
Este fallo de la Corte fue unánime, sin disidencias ni agregados y le da mayor solidez al pedido de juicio político al juez Violini que impulsaron Diana Cohen Agrest como presidenta de Usina de Justicia con el patrocinio del doctor Fernando Soto. En la rigurosa y minuciosa presentación de 27 carillas, Usina pide el juicio político por “mal desempeño, incapacidad o negligencia en el ejercicio de sus funciones” y por “el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.” De prosperar esta solicitud, que va en línea con lo señalado por el fiscal general y la propia Corte, Violini quedaría al borde del precipicio de su destitución como juez de Casación Penal bonaerense.
Usina es una organización que defiende los Derechos Humanos de las Personas Víctimas de Delitos y en ese carácter es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). En su texto, Usina define como de “gravedad institucional” el habeas corpus colectivo por varios motivos, a saber:
Se violó la ley de víctimas porque no se las convocó para que sean parte del proceso. Se saltó por encima del juez de primera instancia e intervino directamente Casación. Violini no era el juez competente y vulneró la garantía de juez natural. Se liberó a un número “ingente (es decir enorme) e indeterminado de detenidos porque dijo que todos los que luego en el futuro, se sumaran a la lista del poder ejecutivo también quedaban comprendidos en su decisión. Y de paso, delegó en el gobierno de Axel Kicillof una potestad de la justicia en “un acto de inusitada gravedad, arbitrariedad manifiesta y notorio apartamiento de la ley”.
Usina de Justicia dice que todo esto generó “una total alteración del orden constitucional y legal”.Violini argumentó con la emergencia por la pandemia cuando, en realidad, es en estas situaciones que tiene más sentido el cumplimiento de las normas. Entre durísimas críticas, que justifican el pedido de remoción de Violini, la entidad que tiene entre sus miembros honorarios a Marcos Aguinis, Daniel Sabay y Alejandro Fargosi, entre otros, denunció que el escandaloso fallo de Violini fue “unipersonal, genérico y abstracto. Contradictorio en sus aparente fundamentos y temerario en su obrar”.
En síntesis, Violini debe ser destituido para Usina de Justicia porque “violó el principio conceptual del debido proceso con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno”. Dice también que el magistrado que, a partir de ahora, queda en la cuerda floja inventó “una categoría punitiva que no existe en la legislación penal” al hacer diferencias entre delitos leves y graves y que su decisión está llena de “falencias, omisiones, imprecisiones y abstracciones en las que ha incurrido deliberadamente”.
La presentación culmina con un concepto demoledor para Violini: “Jamás vimos este tipo de resoluciones en la historia judicial argentina”.
Finalmente se solicita que se suspenda en sus funciones al juez Violini para que comience el sumario que lo lleve al juicio político. Y se reserva el derecho a recurrir a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales en caso de que su petición sea rechazada.
¿Quién el tristemente célebre Violini? Cristina lo celebró en su momento cuando criticó a Comodoro Py. Es el mismo que defendió a Hugo Moyano y dijo que la de Independiente, era una causa armada y que quiso, pero no pudo, ser candidato a intendente de La Plata por el kirchnerismo. Amigo de Julio Alak, le permitieron hacer dos veces su examen porque en la primera instancia no había alcanzado el puntaje necesario. Le recuerdo que Alak fue Ministro de Justicia de Cristina y lo es de Kicillof.
¿Que hizo Violini, además de liberar en un abrir y cerrar de ojos a 700 delincuentes? Para muestra basta un botón: se llama Pedro Olmos y violó salvajemente a una adolescente que era su vecina. Estuvo 5 meses prófugo. Después fue apresado y condenado. Todavía no había cumplido medio año en prisión y el juez Víctor Violini lo liberó porque tiene hipertensión y osteoporosis, dos enfermedades que afectan a una gran parte de la población. Pero lo más repugnante a la condición humana es que ese violador se fue a vivir a metros de su víctima, en Burzaco. La familia y la chica están aterradas.
Finalmente la política a través del Parlamento y de la oposición, también hizo su aporte para corregir lo que claramente fue un intento de liberar a la mayor cantidad de presos en el menor tiempo posible con música y letra del Cartel de los Pingüinos. Con la firma de Maximiliano Abad, el jefe del interbloque de diputados de Junto por el Cambio se presentó un proyecto para que una comisión legislativa evalúe a cada uno de los jueces que enviaron a los presos a sus domicilios. Dicen que “no es admisible que se utilice la pandemia para mandar a su casa a criminales, violadores o saqueadores del estado”. El propio Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia y al que nadie puede acusar de anti kirchnerista dijo que “nadie sabe a quién se liberó y a donde están” y reveló que hay “juzgados y comisarías que están tarifados”
Aquí corresponden un par de preguntas. ¿Qué va a pasar con los delincuentes que ya fueron liberados y no tienen ni tobillera electrónica? ¿Volverán por sus propios medios o aprovecharán para fugarse? ¿En ese caso, habrá sanciones para los jueces que los soltaron? Y la más grave de todas. Si Sergio Berni dice que hay juzgados y comisaría que están tarifadas, es decir que cobran para dejar en libertad a criminales, femicidas o ladrones, ¿Qué está esperando para hacer las denuncias correspondientes? Berni es funcionario y está obligado a presentar una denuncia ante el conocimiento de un delito. De lo contrario el que comete el delito es él. Se transforma en cómplice. O encubridor.
Editorial de Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra, por Radio Mitre
